Una cadena de errores abrió la puerta para que uno de los proyectos estrella del gobierno Santos terminara sirviendo, entre otros, a exfuncionarios empeñados en eludir la justicia, y a parlamentarios interesados en blindarse ante ella. La metamorfosis
 
Corrían los primeros días de su gobierno (agosto del 2010) cuando el presidente Juan Manuel Santos anunció una de sus metas más ambiciosas: reformar la administración de Justicia.

Para ello, lo primero que hizo como mandatario fue reunirse con los magistrados de las altas Cortes para dar por terminado el enfrentamiento que tenían con el presidente Álvaro Uribe Vélez.

Tras armonizar las relaciones, y empezar una nueva historia, Santos y el entonces ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, le presentaron a los magistrados de las altas cortes el borrador del proyecto de reforma a la justicia.

Empezó la controversia. El gobierno instala la llamada Mesa de la Justicia (integrada por magistrados, congresistas y académicos) que empieza a debatir los alcances de la propuesta. La Mesa concluye que “no es conveniente presentar la reforma”.

En febrero del 2011, Vargas Lleras le insiste al Congreso tramitar la reforma. Se reúne en Anapoima con los congresistas que integran las comisiones primeras de Senado y Cámara. De nuevo el gobierno acoge la sugerencia de no presentarlo.

Pasaron seis meses y Vargas Lleras insistió. Se convocó a un acuerdo de poderes para presentar la reforma, en julio del 2011, pero las diferencias entre el Gobierno, el Congreso persistían. Se decide que las diferencias entre poderes serían resueltas en el parlamento, que oficiarían como una especie de árbitro en los ocho debates.

El 4 de agosto de 2011 Vargas Lleras radica la reforma en el Senado. Pero simultáneamente le traslada la responsabilidad de su trámite al recién posesionado ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.

Empiezan las tensiones. El Consejo de Estado, que reclamó otro año para que se presentara el proyecto, decide presentar su propia iniciativa. Sobresale su propuesta de reclamar el 5 % del presupuesto de la Nación para la rama judicial.

El Congreso lidera los acuerdos y se ocupa dos meses para ello para armonizar las diferencias. Pero antes del primer debate del proyecto, el 5 de octubre, el recién posesionado ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, incluye la ampliación de los alcances del fuero militar. Con ese ambiente la reforma a la justicia supera sus dos primeros debates.

Fue en el tercer debate, en la comisión primera de la Cámara, donde el proyecto empieza su mutación. Varios parlamentarios aprovechan las discusiones para incluir disposiciones que los beneficiarían de la reforma a la Justicia. Las altas Cortes deciden levantarse de las discusiones.

En marzo del 2012 los partidos políticos de la Unidad Nacional se dividen porque días antes, el 18 de febrero, Santos anunció el retiro del artículo del fuero militar. Partido Conservador y La U se oponen en medio de la presión del expresidente Álvaro Uribe y José Miguel Vivanco. Los que defienden la tesis de mantener el fuero son derrotados en la Comisión Primera del Senado.

Mientras tanto, en el intento del gobierno de que las Cortes vuelvan al debate, se promueve un nuevo acuerdo de poderes. El del 7 de abril sella la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, punto de honor del Congreso.

En medio de esas tensiones los congresistas aprovechan para diseñar una armadura para blindarse de la justicia, con el argumento de que había que consagrar su derecho a ser juzgados en dos instancias. Al consagrarlo, se les va la mano, especialmente en la plenaria del Senado.

Las Cortes reiteran que no vuelven al debate, pero el mismo Senado decide ampliar de ocho a doce años el periodo a los actuales magistrados. Entonces, el poder judicial, de forma silenciosa, deja su oposición a la reforma y la acompaña. Eso sí, dejan solitario al Consejo Superior de la Judicatura, el único que hace lobby contra el proyecto.

La Cámara de Representantes intenta moderar las pretensiones de los parlamentarios, que a esas alturas, ya tenían el proyecto controlado de forma absoluta. El ministro de Justicia se da cuenta. Algunas nuevas propuestas las califica de “componendas” entre magistrados y parlamentarios. Pero no pone resistencia porque insiste en proteger las fórmulas de descongestión de la justicia.

En el último debate, el pasado 14 de junio, los representantes Alfonso Prada (Partido Verde) y Guillermo Rivera (Partido Liberal), y el ministro Esguerra, incluyen normas transitorias para que la reforma a la justicia no pueda ser utilizada para que los congresistas no tengan un excesivo blindaje. Lo consiguen.

Pero fue en el último trámite, el de la conciliación (un trámite menor en teoría), y a menos de 24 horas de terminar la legislatura, donde los parlamentarios consagran cuatro ‘micos’ que el propio presidente Juan Manuel Santos denuncia y le sirven para hacer algo que no lo faculta la Constitución: impedir que entre en vigencia una decisión autónoma del Congreso.

Ahí comienza la otra discusión. La reforma a la Justicia solo entra en vigencia cuando se publique en el Diario Oficial. Pero si no se publica, no se puede demandar ante la Corte Constitucional ni promover un referendo revocatorio.

La reforma a la Justicia, que tenía el espíritu, según Santos de acercarle la justicia a los ciudadanos, terminó en un “esperpento” (según palabras de Alfonso Prada) para alejar la acción de la justicia sobre los parlamentarios.

Pero, ¿quiénes fueron los responsables de ese “esperpento”? Varios funcionarios del Estado, quizás sin detenerse en sus consecuencias, tomaron decisiones determinantes que lo permitieron.

Los responsables

Germán Vargas Lleras (como ministro del Interior): Al frente de esa cartera, lideró la reforma a la justicia y reclamó la urgencia de su aprobación. Para que el Congreso (donde más de 70 parlamentarios tienen investigaciones en las altas Cortes), pudiera hacerlo encontró una fórmula para conseguir los votos necesarios para la aprobación del proyecto: una reforma constitucional que consiguió tramitar casi que en silencio y que eliminó los conflictos de intereses para debatir las reformas constitucionales, con el argumento que en ellas prima el interés general por el particular.

Si bien esa era una buena causa, al hacerlo le abrió las puertas a que congresistas con investigaciones, o con algún interés particular, no se declararan impedidos y le metieran la mano a la reforma a la justicia.

Juan Carlos Esguerra (ministro de Justicia): Su misión era conseguir que el Congreso aprobara la reforma a la Justicia. En ese intento perdió el liderazgo y la batuta del proyecto, circunstancia aprovechada por el Congreso y las Cortes.

En su empeño de defender las fórmulas de descongestión judicial y eliminar el Consejo Superior de la Judicatura (punto de honor del gobierno), guardó silencio cuando parlamentarios le metían artículos al proyecto con los que se acercaban a la inmunidad.

Aceptó que los conciliadores del proyecto arreglaran el texto sin su presencia. Y cuando se percató de los cuatro ‘micos’, no le pidió al Congreso que se eliminara la reforma. Su apuesta era que la Corte Constitucional tumbara los ‘micos’, pero mantuviera las bondades del proyecto, y sobretodo, no se perdiera diez meses de discusiones en el proyecto. Sólo se pronunció en contra cuando la reforma ya había sido aprobada.

Comisión Primera de la Cámara: Sus decisiones en el tercer debate del proyecto, en noviembre del 2011, demostraron que primaba la voluntad de reformar la justicia para sus beneficios, por encima de los intereses de la ciudadanía

Comisión Primera del Senado: En abril del 2012, en el quinto debate del proyecto, consagra la doble instancia para todos los procesos penales contra los congresistas, tal como estaba plenamente acordado. Pero amplía este derecho para procesos disciplinarios y limita los alcances de la sanción de la pérdida de investidura.

Juan Manuel Corzo (presidente del Senado) y Simón Gaviria (presidente de la Cámara): En julio del 2011, recién posesionado, Corzo ambienta al Congreso para fortalecerse frente a los demás poderes del Estado. Incluso, propuso revivir la inmunidad parlamentaria. Once meses después, el 15 de junio, decidió nombrar una Comisión de Conciliadores en la que excluyó a dos de los parlamentarios que habían sido ponentes de la reforma: Luis Fernando Velasco y Juan Carlos Vélez. Nombró a senadores que no conocieron el trámite del proyecto como Juan Carlos Restrepo (Cambio Radical), Luis Fernando Duque (P. Liberal) y Martín Morales (La U). Tan pronto como es aprobada la conciliación, el 20 de junio, viaja a China y elude sus responsabilidades en el debate.

Gaviria, también el 15 de junio, no nombró entre los conciliadores a dos de los representantes más activos de la reforma: Alfonso Prada y Guillermo Rivera, que generaban antipatía en la plenaria de la Cámara, y su presencia podría generar el hundimiento de la reforma. En su remplazo nombró a Gustavo Puentes y Alejandro Chacón, que tampoco pertenecían a las comisiones donde la reforma había vivido sus más agitados debates. Admitió que presidió el último debate sin conocer a fondo el texto de la conciliación de la reforma.

Magistrados de las altas Cortes: Algunos de ellos encarnaron la oposición a la reforma, alertaron de sus inconveniencias y hasta propusieron públicamente el archivo del proyecto. De tener una voz resonante sobre la reforma, otros pasaron a guardar silencio cuando el Congreso aprueba la ampliación del periodo para los actuales magistrados, y cuando se consagra el antejuicio político, que se aplica también para magistrados.

Los conciliadores: El presidente Juan Manuel Santos los responsabilizó de haber cambiado el espíritu de la reforma y de graves ‘micos’ que generarían un colapso en los procesos que la justicia adelanta contra exfuncionarios del Estado.

Del Senado hicieron parte Eduardo Enríquez Maya (P. Conservador) y Jesús Ignacio García (P. Liberal) quienes como ponentes de la reforma orientaron el texto que se ajustó en la Conciliación. Juan Carlos Restrepo (Cambio Radical) y Luis Fernando Duque (P. Liberal) quienes tenían conflictos de intereses le metieron la mano al proyecto, además, sin ser miembros de la Comisión Primera. Miguel Morales (la U) y Juan Manuel Corzo (P. Conservador) participaron de la coalición.

Por la Cámara fueron conciliadores los ponentes naturales del proyecto Roosevelt Rodríguez (la U), Germán Varón Cotrino (Cambio Radical) que intentaron mantener el mismo texto de la Cámara de Representantes, pero fueron derrotados. Varón no firma la ponencia. También estuvieron los ponentes Orlando Velandia (P. Liberal) y Carlos Edward Osorio (La U), que tuvieron la misión de no obstaculizar el trámite. Alejandro Chacón (P. Liberal) le incluyó el mayor ‘mico’ a la reforma, el que despoja a la Fiscalía de su facultad de investigar a ministros, embajadores y directores de departamento administrativo.

Congresistas: Pasaron de ser el árbitro natural de las diferencias entre el Gobierno y las Cortes sobre la reforma a la Justicia y la convirtieron casi que en una contrarreforma política Utilizaron el proyecto para presionar al gobierno, dilataron su trámite, y terminaron dándole la bendición final a la carrera. Tenían la forma de archivar el proyecto ante las reiteradas alertas de que la reforma se había convertido en un blindaje de congresistas. Prefirieron aprobarla, pese al rechazo de la opinión pública. 60 senadores y 115 representantes votaron a favor, 16 senadores y 10 representantes lo hicieron en contra.

Juan Manuel Santos: Uno de sus propósitos en campaña fue una reforma integral a la Justicia. Promovió el debate inicial con las Cortes. Cuando señaló a la reforma como el proyecto bandera de la segunda legislatura, no lo priorizó en su agenda, pues coincidió con que los días más tormentosos de la reforma lo cogieron fuera del país. Se le cuestiona si los nombramientos de los ministros, que tenían que liderar el proyecto en el Congreso, fueron los más indicados: Esguerra, un experto constitucionalista pero sin el carácter de manejar los partidos políticos. Federico Renjifo, ministro del Interior, sin experiencia en el juego parlamentario. Desde que asumió la presidencia, con el control de casi el 90 porciento del Congreso y cinco partidos políticos, esa aplanadora priorizó las leyes del TLC, la de Vivienda y aprobar el marco para la paz. Pero esas mayorías no las utilizó para corregir la reforma a la Justicia, pese a las múltiples advertencias. En marzo, la presidenta del Polo Democrático le remitió una carta en la que advertía que la reforma había perdido su naturaleza en el Congreso. El enredo de la conciliación lo pilló en Brasil, en la Cumbre Río +20. Regresó tarde, solo para impedir que la norma entrara en vigencia, aunque sin claridad sobre las facultades jurídicas para hacerlo

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Acerca de kenyam B

Soy Administradora Pública.dedicada a la proyección de Políticas Públicas y desarrollo social en Municipios. Creo en la participación Ciudadana como expresión para el mejoramiento, vigilancia y control de los recursos en la administración Pública. Entiendo que los ciudadanos somos responsables del destino de nuestros pueblos, cuando no tomamos conciencia en la elección de nuestros representantes ante cualquier cargo de elección popular.

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