a justicia debe definir su situación en máximo 6 meses, el último recurso es la adopción.

Debido al peligro que correrían si vivieran en sus propias casas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) protege a 61.464 niños, suficientes para llenar dos estadios.

Según el ICBF, el maltrato es la modalidad de vulneración de derechos que más lleva al Estado a intervenir (14.589 casos), seguido de la negligencia en la atención fundamental que prestan los padres o cuidadores (13.335) y la violencia sexual (7.986 casos). (Vea también la galería de fotos: Los niños dibujan su realidad dentro del conflicto armado en Colombia).

“Son cifras escandalosas, que dejan ver que el Estado invierte más en protección que en prevención”, comenta Carlos Tejeiro, profesor de Derecho de la Universidad de los Andes y especialista en temas de infancia y familia.

Para él, mientras el Bienestar se llena de niños, la familia, la comunidad y la escuela vulneran los derechos de los menores de edad porque los sistemas de prevención “están fallando o no existen”.

De los 61.464 casos, 12.701 están en hogares sustitutos; 12.292, en internados y 18.396 reciben ayuda en su propio hogar. En otras palabras, los niños son retirados de sus hogares solamente en los casos de mayor riesgo.

“La idea es que todos los niños crezcan al lado de su familia”, dice Antonio Varón, director de Protección del ICBF, quien explica que la última opción es la declaratoria de adoptabilidad. Solo el año pasado, 4.107 niños entraron en esta lista y 2.713 de ellos encontraron un nuevo hogar.

Cuando hay una situación de vulnerabilidad, agrega el funcionario, los jueces de familia tienen hasta seis meses para definir la situación del niño. En este lapso, el Instituto hace una labor de asistencia -que incluye ayuda estatal en temas como alimentación, vivienda y empleo- y los padres se comprometen a no poner nuevamente en riesgo a su hijo. Según Varón, el Bienestar destina unos 580.000 millones de pesos anuales a este programa de protección.

El maltratador, en casa

Roger Dávila, director de Protección de la ONG Save The Children, considera que internar a un niño o adolescente en una institución estatal puede ser nocivo. “No es sano sacar de la casa al niño y someterlo a un ambiente ajeno y hostil, con gente que no conoce. En esos lugares suele haber matoneo”, advierte.

El experto también llama la atención sobre un problema fundamental: “Sacan al niño de su casa, pero al abusador no. Al volver, el niño se encuentra con el mismo contexto de violencia o abuso”. Además, subraya Dávila, “la tasa de cárcel para los adultos maltratadores es muy baja”.

A Diego Molano, director del ICBF, le preocupa la cantidad de casos en que los papás llevan a sus niños al Instituto para que se los cuiden mientras solucionan sus problemas, casi siempre económicos. “El Bienestar no tiene el servicio de internado”, aclara el alto funcionario. Sin embargo, admite que su entidad tiene el deber de proteger a los niños en todos los casos.

Bienestar
Más de 8 mil buscan adopción
El ICBF tiene 8.294 niños o jóvenes en condición de adoptabilidad que, por ser mayores de 8 años, con hermanos o con alguna discapacidad, tienen bajas posibilidades de conseguir un hogar. A ellos se suman 3.347 mayores de 18 años (hay incluso de más de 40), la mayoría discapacitados, que llegaron siendo menores y nunca hallaron una familia. El Instituto tiene el programa Proyecto de Vida, que da educación y empleo a aquellos que crecen esperando ser adoptados. Además de los niños protegidos por el Bienestar, hay otros extraprocesales. En estos, que suman 183.304, se hace una intervención que no constituye una medida de protección. Las causas incluyen las denuncias por alimentos (53.156) y la solicitud de custodia. Beatriz Linares, coautora del proyecto Ley de Infancia, considera que estos casos no deberían ser asuntos extraprocesales. “No darles los alimentos o no tener custodia definida son claras violaciones de derechos que merecen una intervención prioritaria”, indica la experta.

Hay niños de todos los estrato

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