Juan Carlos Pinzón, por su parte, dijo que el Ministerio de Defensa se declarará víctima en el caso.

La Fiscalía ordenó que se inicien las indagaciones para aclarar los hechos y establecer la responsabilidad de abogados y supuestos familiares de víctimas en el cobro de recursos estatales por la muerte o desaparición de sus seres queridos.

La fiscal Viviane Morales dijo que los fallos de la Corte son inapelables, definitivos y no hay antecedentes que se conozcan.

“Pudo haber comisión de hechos delictivos, en el caso de las víctimas tenemos la obligación de protegerlas porque pueden tener información como testigos”, dijo.

Mindefensa dice que se declarará víctima

Juan Carlos Pinzón señaló que se hará para buscar la manera de “restablecer el patrimonio público”.

“Como en este caso se ha pagado a múltiples víctimas, dado que la Corte Interamericana había establecido esa sentencia, el Ministerio de Defensa tendrá que hacerse parte en el proceso como víctima para evaluar los caminos jurídicos que permitan, dependiendo de cómo concluyan estas investigaciones, restablecer el patrimonio público”, dijo Pinzón desde La Guajira.

Agregó que: “es muy  positivo que se esté avanzando en las investigaciones porque es importante que se llegue a la verdad, de eso se trata la justicia y de eso se tratan los procesos”. (Lea más noticias sobre la masacre de Mapiripán)

Colectivo de Abogados dice que “actuó de buena fe”

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, respondió en un comunicado por la polémica desatada el día de ayer en el caso de las falsas víctimas de la masacre de Mapiripán, por quienes la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado a pagar una millonaria reparación.

En el comunicado, el Colectivo asegura que “en casos de graves violaciones de derechos humanos la obligación de investigar corresponde al Estado y no a las víctimas ni a sus representantes legales”, también, asegura que sus actuaciones han sido de buena intención y que seguirán creyendo en la buena fe de las afectados.

“Si algún o algunos demandantes, solicitaron su reconocimiento como víctimas sin serlo, ello debe ser establecido por la autoridad judicial correspondiente, la cual determinará la respectiva responsabilidad penal.El CCAJAR se pone a total disposición de las autoridades judiciales para el esclarecimiento de estos hechos, respecto de los cuales ha tenido reciente conocimiento por los medios de comunicación” dice el comunicado publicado en la página web del Colectivo.

La organización también afirma que representó a nivel nacional e internacional a cinco grupos de personas que se identificaron como familiares y víctimas de la masacre de Mapiripán, ocurrida entre el 15 y 20 de julio de 1997.

Entre las víctimas que apoderó, se encuentra Mariela Contreras y su familia, quien recibió una indemnización de 1.751 millones de pesos y quien admitió en el día de ayer que su esposo no murió en medio de la matanza de Mapiripán, ni sus dos hijos desaparecieron en tales hechos,

Al respecto, el Colectivo de Abogados  aseguró que su actuación ante la CIDH en el año 2005, con la que se logró la condena al Estado por la masacre, “se basó en las declaraciones de las víctimas y las decisiones de tribunales nacionales a nivel penal, disciplinario y contencioso (…) que fueron tenidas en cuenta por el Estado de Colombia para reconocer el 4 de marzo de 2005, su responsabilidad internacional”, declaraciones que según el colectivo, fueron consistentes con lo establecido judicialmente y con lo ocurrido en la masacre.

El número de víctimas del que se habló ante la CIDH, (49 víctimas) que difiere de las 12 que hoy reconoce la Fiscalía, según el Colectivo de Abogados se obtuvo a través testimonios de una pluralidad de víctimas y de las declaraciones  del jefe paramilitar Carlos Castaño Gil.

El Colectivo también asegura que el número de víctimas se estimó de acuerdo a lo dicho por Gilberto Cuellar quien “confesó su participación en los hechos y adujo que las personas asesinadas fueron más de veinte” y por lo manifestado por el Juez de Mapiripán Leonardo Cortés, “testigo de los hechos refirió ante instancias judiciales que fueron varias decenas las víctimas”.

Finalmente, el Colectivo de Abogados afirma que se ha insistido en la identificación plena de las víctimas y que esta obligación le corresponde a la Fiscalía General de la Nación “que no ha sido satisfecha plenamente, tal como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos” dice en el comunicado.

La respuesta del Colectivo se produce luego de que el Ministro del Interior, Juan Carlos Esguerra, afirmara que “hubo un evidente fraude procesal” en los listados de víctimas que llevaron a la condena del Estado colombiano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la masacre de Mapiripán.

REDACCIÓN JUSTICIA (el tiempo)

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Acerca de kenyam B

Soy Administradora Pública.dedicada a la proyección de Políticas Públicas y desarrollo social en Municipios. Creo en la participación Ciudadana como expresión para el mejoramiento, vigilancia y control de los recursos en la administración Pública. Entiendo que los ciudadanos somos responsables del destino de nuestros pueblos, cuando no tomamos conciencia en la elección de nuestros representantes ante cualquier cargo de elección popular.

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