¿Qué es la corrupción?

Transparencia Internacional define la corrupción como el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados.  Esta definición incluye tres elementos:

  1. el mal uso del poder
  2. un poder encomendado, es decir, puede estar en el sector público o privado
  3. un beneficio privado, que no necesariamente se limita a beneficios personales para quien hace mal uso del poder, sino que puede incluir a miembros de su familia o amigos.

De manera similar, para Transparencia por Colombia la corrupción se define como el “abuso de posiciones de poder o de confianza, para beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir, bienes en dinero o en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones”.

Corrupción:
Cuando los recursos destinados a servicios y prestaciones comunitarias se desvían al bolsillo privado de alguien que está en una situación de poder, se pone en juego algo más que la moral. En estas series de adiestramiento, no hacemos juicios de valor sobre lo que está bien o mal. Lo que pretendemos es insistir en que éste es uno de los factores más importantes de la pobreza. La cantidad robada al público, recibida y disfrutada por un particular, es mucho menor que la disminución de la riqueza pública que este hecho genera.
La suma de dinero malversada o expoliada no corresponde a la disminución de riqueza de la comunidad. Los economistas nos hablan del «efecto multiplicador». Cuando se invierte nueva riqueza, el efecto positivo sobre la economía es mayor que la cantidad creada. Cuando se pone fuera de la circulación dinero para inversiones, la parte de riqueza de la que se priva a la comunidad es mayor que la cantidad de dinero que gana el malversador. Cuando un funcionario acepta un soborno de 100 dólares, la inversión social disminuye hasta 400 dólares de la riqueza de la sociedad.
Es irónico lo indignados que nos sentimos cuando un ratero roba algo de 10 dólares en un mercado, cuando un funcionario puede robar miles del erario público, lo que cuadruplica el daño que se hace al conjunto de la sociedad, y no le castigamos.
Respetamos al segundo ladrón por su aparente riqueza, y elogiamos su forma de ayudar a su familia y vecinos. Por contra, hace falta la policía para proteger al primer ladrón de ser golpeado por la gente en la calle.
El funcionario corrupto es un factor importante de pobreza, mientras que el ratero puede muy bien ser una víctima de esa misma pobreza que causa el funcionario. Nuestra actitud  es más que paradójica, es un factor que perpetúa la pobreza. Si recompensamos al que causa el daño mayor, y sólo castigamos a los que en realidad son víctimas, nuestra forma de actuar desacertada contribuye a la pobreza. Cuando el dinero producto de la malversación se saca del país y se coloca en un banco extranjero (en Suiza, por ejemplo) no contribuye en absoluto a la economía nacional, sólo ayuda al país en el que está ese banco.

¿Qué es la corrupción política?
La corrupción política es el abuso del poder confiado a los líderes políticos para satisfacer intereses particulares (propios o de terceros), en detrimento del interés colectivo. La corrupción política no sólo supone que el dinero cambie de mano; puede tomar la forma de tráfico de influencias o la concreción de favores que envenenan la política y amenazan a la democracia.

En hora buena el país está aterrado del destape de la olla podrida.La corrupción es hoy por hoy el peor problema que aqueja nuestra sociedad: contaminó las ramas del poder y de la administración pública, y en general, permeó todas las capas de la sociedad.

Se destapó en varios Ministerios como el de Agricultura, el de la Salud y el del Transporte; en institutos nacionales como la Dne, el Ingeominas y el Inco; en organismos del gobierno como el DAS, la Dian y hasta en la propia Policía; a nivel local, en muchísimas zonas del país, siendo lo que más llama la atención Bogotá, aquellas regiones grandes productoras de regalías e incluso los entes de control. http://www.larepublica.co/archivos/OPINION/2011-07-22/no-mas-corrupcion-un-compromiso-ciudadano_133676.php

La corrupción es un asunto de fondo, es un tema cultural.

Paralelamente, estamos observando cómo, con trascendentales cambios al marco normativo colombiano, se pretende desde el gobierno plantear una reforma estructural del Estado. Los éxitos en la agenda legislativa en temas como, el Estatuto Anticorrupción, la Ley de Víctimas, las Regalías, el Ordenamiento Territorial, sin un cambio de la sociedad, no necesariamente conllevan al futuro deseado.

Las reformas, como bien lo señala el ministro del Interior y de Justicia Germán Vargas Lleras, buscan transformar el Estado en más justo, más equitativo, más funcional y equilibrado.

Ciertamente son un trascendental avance, pero si esta nueva estructura normativa no trae un compromiso de los ciudadanos contra la corrupción, jamás seremos una sociedad en paz.
La eficiente y transparente administración de la justicia es un instrumento fundamental para que este nuevo marco sea aplicable y para combatir efectivamente la corrupción.

La designación de un jurista probo, con adecuada experiencia, como próximo Ministro de Justicia, resultado de la escisión del Ministerio del Interior y de Justicia, es una magnifica señal. Reto grande le corresponde a Juan Carlos Esguerra.

La congestión en la administración de justicia y en otros casos la corrupción, sumada a la presión indebida hasta de algunos medios de comunicación en los procesos judiciales, dificultan la rápida solución de nuestros conflictos, afectando de paso, el desarrollo empresarial, la inversión, pero por sobre todo que los ciudadanos hagamos valer nuestros derechos de forma oportuna.

Pilares de la reforma a la Justicia tienen que ser: el fortalecimiento de la seguridad jurídica, el mejoramiento de los canales de acceso a la administración de justicia para los ciudadanos, la total transparencia en el trámite de los procesos y la celeridad de los fallos.

Reforma que debe complementarse, seguramente, con una adecuada selección del recurso humano y tecnológico, así como con la implementación de políticas de descongestión eficientes, el fortalecimiento de los órganos encargados de disciplinar tanto a jueces como a abogados y los correspondientes ajustes presupuestales.

No más tráfico de influencias, no más corrupción. La actuación de los funcionarios y de los ciudadanos debe ser responsable y con ética.

Entendiendo por ética, el intachable ejercicio de la libertad y de los derechos; asumiendo, nuestras responsabilidades y obligaciones.

La corrupción en este sector abarca un amplio espectro de delitos y actos ilícitos cometidos por líderes políticos antes, durante o después de abandonar la función pública. Es diferente a la corrupción burocrática, en cuanto la primera es perpetrada por líderes políticos o funcionarios electos que han sido investidos de autoridad pública y que tienen la responsabilidad de representar el interés general y dar trámite a las demandas ciudadanas.

Transparencia en la Justicia

En el contexto de la justicia, la corrupción se refiere a los actos u omisiones que llevan al uso de la función pública para el beneficio propio o de terceros. Dichos actos u omisiones pueden incluir soborno, extorsión, intimidación, tráfico de influencias, o uso inadecuado de los mecanismos judiciales.

La corrupción en la justicia distorsiona su papel legítimo, que consiste en proteger las libertades y derechos civiles de los ciudadanos y garantizar un juicio imparcial gestionado por un juzgado competente y justo. La corrupción en la justicia permite que acciones ilícitas queden impunes, o nunca sean descubiertas.

Sin importar en qué grado, la corrupción judicial genera efectos irreparables.  Sin una justicia imparcial e independiente no es posible proteger las libertades y derechos de los ciudadanos, se reducen las posibilidades de desarrollo del país, se deteriora la calidad del gobierno al destruirse la confianza ciudadana en el Estado de Derecho, y se genera un contexto en el que la impunidad encuentra terreno fértil por cuanto no se detectan, persiguen y sancionan los actos corruptos. Por lo que representa, y por las funciones que le competen en los sistemas democráticos, el poder judicial debe gozar de los más altos estándares éticos y contar con las garantías necesarias para  evitar cualquier injerencia indebida.

Percepción de corrupción en la justicia en Colombia

En Colombia, el 45% de la gente describe el sistema judicial nacional como corrupto, según el Informe Global de la Corrupción 2007.

Sin embargo, el Índice de Transparencia Nacional 2006 que evaluó a seis entidades de la Rama Judicial: altas cortes y fiscalía, el sector justicia obtuvo un promedio de 80.02 lo que quiere decir que tanto el Consejo de Estado, la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia se encuentran en riesgo de corrupción moderado.

Si se examina de manera general la Rama Judicial se podría plantear que, a pesar de los avances y buenas intenciones, existe una persistente incertidumbre por parte de la ciudadanía respecto al acceso, oportunidad, adecuada dimensión, eficacia y eficiencia de la justicia. Si bien en la Rama Judicial, el establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno está a cargo de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno, es también responsabilidad de todos los servidores judiciales, en especial, de aquellos que tengan responsabilidad del mando.

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Acerca de kenyam B

Soy Administradora Pública.dedicada a la proyección de Políticas Públicas y desarrollo social en Municipios. Creo en la participación Ciudadana como expresión para el mejoramiento, vigilancia y control de los recursos en la administración Pública. Entiendo que los ciudadanos somos responsables del destino de nuestros pueblos, cuando no tomamos conciencia en la elección de nuestros representantes ante cualquier cargo de elección popular.

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  3. dmtz77 dice:

    El ser humano es avaricioso por naturaleza y para evitar que los que gobiernan abusen de su poder, son necesarias nuevas leyes que lo hagan posible. Se debería publicar el patrimonio personal antes y después de que un gobernante ocupe su cargo y justifique los motivos por los que se ha incrementado espectacularmente su patrimonio, tal y como está ocurriendo en la actualidad –> http://www.dmartz77.com/2011/07/el-atropello-de-los-que-mandan-en-15.html

    Yo también estoy harto de los políticos corruptos y de que se rían de las leyes.

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